La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Región Judicial de Fajardo del Tribunal General de Justicia relacionadas con las recaudaciones y los desembolsos de las cuentas de la secretaria regional y de la alguacil regional. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela deficiencias en las anotaciones incluidas en el Registro Detallado de Recibo y Distribución de Recibos Oficiales en Blanco. Al 16 de febrero de 2021, se determinó que, en 30 anotaciones, la fecha que indica que se recibieron los recibos oficiales era incorrecta, y que, dos asignaciones y ocho devoluciones de recibos oficiales no fueron registradas. Esta situación, contraria a la Carta Circular 21, dificulta un adecuado control de los recibos oficiales de recaudaciones y propicia un ambiente para que se comentan errores o irregularidades.

La auditoría de un hallazgo señala también, que no se realizaron los dos inventarios anuales requeridos, y en los inventarios físicos anuales realizados, el director ejecutivo regional, no anotó en el Registro de Inventario, la cantidad de recibos oficiales reflejada en el Registro Detallado ni la cantidad de recibos oficiales contados en el inventario físico. Esta situación, contraria a la Ley Núm. 230 de 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, impidió determinar la cantidad real de recibos oficiales en existencia.

En la Secretaría regional se realizan recaudaciones por concepto de fianzas en efectivo, multas y dinero consignado en cuentas de ahorro para menores e incapacitados, entre otros. En la Oficina del Alguacil Regional se recauda por concepto de subastas, embargos de sueldo y otros valores de bienes embargados. Del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2020 la Región Judicial recaudó $23,457,223. Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría DA-22-04.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Humacao. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Del 2015 al 2018, el entonces alcalde otorgó 18 contratos y 12 enmiendas por $2,177,616 a cinco contratistas, los cuales se fraccionaron en contratos cuyos totales fluctuaban entre $42,258 a $184,748.

Para toda obra de construcción o mejora pública, se requiere que los municipios realicen subastas públicas cuando el costo exceda de $200,000. La situación de fragmentar y obviar la subasta pública, evitó la libre competencia entre un mayor número de licitadores, e impidió al Municipio tener alternativas y seleccionar la mejor oferta. Además, el Municipio no obligó las asignaciones presupuestarias necesarias para pagar estos contratos al momento de otorgarse, sino hasta un mes después.

La auditoría de dos hallazgos señala que contrario a la ley y la reglamentación vigente, el Municipio remitió los contratos otorgados, hasta un año más tarde, al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor. Esta situación, pudo ocasionar que se emitieran desembolsos sin la constancia de haberse remitido el contrato a la Oficina. Del 2015 al 2019 el Municipio formalizó y registró 4,961 contratos y 1,237 enmiendas por $95,363,972. Una situación similar ya se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-24.

El Informe comenta que el Municipio pagó $45,000 por un acuerdo transaccional de una demanda presentada por hostigamiento sexual y discrimen por razón de género. Esta información se refirió a la Oficina de Ética Gubernamental el 11 de diciembre de 2020, para su evaluación y acción correspondiente.

Al 31 de diciembre de 2019, 18 demandas civiles por $7,670,067, estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, tres casos presentados por empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, estaban pendientes de resolución.

El informe de Humacao, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-22-04.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió un Informe Especial sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 96 del 26 de junio de 1964, Pérdida de Propiedad y de Fondos Públicos, según enmendada, por parte de 311 entidades de las tres ramas del Gobierno al 6 de febrero de 2020. Para efectos de aplicar la ley, la Oficina del Contralor emitió el Reglamento 41, Notificación de Perdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Bienes Públicos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico el 20 de junio de 2008, que dispone entre otras, certificar su cumplimiento, anualmente al 31 de agosto.

El Informe Especial revela que 170 entidades gubernamentales no remitieron la Certificación Anual en una o más ocasiones del 2014 al 2019. Además, 156 entidades remitieron la Certificación Anual, hasta 2 años posteriores a la fecha reglamentaria.

La Contraloría verificó también, que ocho entidades remitieron la Certificación Anual por un método incorrecto en uno o más años fiscales, y cuatro entidades remitieron dicha certificación utilizando un formulario incorrecto.

Estas situaciones contrarias a la ley y reglamentación vigente, no permiten que la Oficina del Contralor tenga a tiempo las certificaciones para los propósitos establecidos por ley. El Informe determina que los funcionarios principales y los oficiales de enlace de las entidades, se apartaron de las disposiciones de ley y reglamentación, y los funcionarios principales no ejercieron una supervisión efectiva.

Los anejos 1 al 5 del Informe Especial, publican las entidades que se mencionan en los resultados de la verificación. 

Este Informe Especial con fecha de 11 de agosto de 2021.

Vea el Informe de Auditoría DA-22-03.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Gurabo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela sobre el manejo del fondo de la caja menuda, que 55 transacciones por $5,343 no estaban registradas en el informe Control de Desembolsos. Además, se detectaron recibos de pago y sobrantes del efectivo, que se entregaron a la encargada del fondo hasta un año después de la compra. Estas situaciones provocan la falta de control en los desembolsos, y en la administración y reposición del fondo de la caja menuda.

La auditoría de cinco hallazgos señala que el Municipio no mantiene un inventario perpetuo ni realizan verificaciones periódicas de los recibos manuales de las recaudaciones. Además, cuando cambió la recaudadora oficial, el 16 de enero de 2017, no se realizó un inventario de las libretas de los recibos oficiales, dinero en caja y otros valores. Esta situación contraria al reglamento vigente, se atribuye a la falta de supervisión del director de Finanzas.

Contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, la secretaria de la Junta de Subastas, no suministró las actas de las reuniones de 25 subastas, y las 34 actas suministradas no estaban firmadas por la presidencia de la Junta. Estas deficiencias restan autenticidad a las decisiones tomadas por la Junta y no permite mantener registros completos y confiables.

El Informe devela que el Municipio no investigó el hurto de 10 unidades de propiedad por $16,643, no notificó la perdida de propiedad en 11 hurtos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y no suministró para examen el expediente de un incidente de hurto. Esta situación evitó que el Municipio fijara responsabilidades e impidió que los auditores de la OCPR examinaran el incidente.

Además, el encargado de la propiedad municipal no realizó el inventario físico anual de los años fiscales 2016-17 y 2017-18, y al 30 de junio de 2019, la alcaldesa no había remitido a la OCPR, la Certificación Anual de Notificación de Pérdidas e Irregularidades en el Manejo de los Fondos o de los Bienes Públicos del 2017 y 2018. Estas deficiencias propician la pérdida de propiedad e impiden mantener un control adecuado. 

Los auditores de la Contraloría identificaron 11 fondos especiales con recursos económicos por $4,471,884 que habían permanecido inactivos hasta por más de cinco años. Los funcionarios municipales no pudieron explicar las razones de la inactividad ni las gestiones realizadas para reprogramar los fondos. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-19 del 27 de febrero de 2018.

El Informe comenta que el Municipio de Gurabo utilizó de forma indebida fondos de las patentes pagadas por adelantado del 2018 y 2019, para gastos operacionales del 2017 y 2018. Los créditos autorizados de un año fiscal específico, tienen que ser aplicados exclusivamente para el pago de gastos incurridos ese año.

El Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional del 2017 al 2019 por $6,101,413, $6,321,618 y $2,312,961 respectivamente. Además, el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos del 30 de mayo de 2019, reflejó sobregiros por $6,475,349 en dos fondos operacionales. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-19 de 2018.

Al 30 de junio de 2019, Gurabo tenía 10 demandas civiles por $1,605,967, pendientes de resolución en los tribunales. Además, en el Municipio no atendieron recomendaciones de cobro de $45,350, por pagos indebidos a dos contratistas.

Este primer informe de Gurabo, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-20-03.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente (Programa) de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico (ASG). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Programa se tardó hasta un año en realizar las inspecciones en el 36% de la propiedad donada sujeta a periodos de restricción.  La Federal Management Regulation y la Ley Num. 28 – Plan de Operaciones de Puerto Rico para el Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente, establecen un periodo de restricción, es decir, que los donatarios deben utilizar la propiedad en un periodo no mayor al año desde la donación y conforme a los propósitos para la cual fue donada. Los auditores identificaron, entre la propiedad donada, un forklift, un truck tractor y un passenger motor vehicle.

Las inspecciones no realizadas a tiempo, privan a los donatarios potenciales de recibir propiedad que puede ser útil para sus operaciones. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DA-19-12 de 2018.

La auditoría de un hallazgo comenta que la Ley Num. 28 no se ha actualizado conforme a los cambios incorporados en la Federal Property and Administrative Services Act of 1949, según enmendada y a las regulaciones federales. Por ejemplo, la ley vigente no contempla imponer periodos de restricción a propiedad con un costo de $5,000, y cobrar por los servicios que ofrece el Programa.

Además, las Comisiones de Gobierno o Hacienda de la Asamblea Legislativa no han realizado auditorías al Programa, según dispone la ley, desde el 2012. La directora del Programa y el secretario de la Cámara de Representantes, certificaron que no se realizaron ni se encontraron documentos al respecto.

Este Informe cubre el periodo del 1 de septiembre de 2018 al 30 de abril de 2021.

Vea el Informe de Auditoría DA-22-02.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Arroyo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el municipio utilizó $2,957,426 de las patentes pagadas por adelantado o en suspenso, para gastos operacionales y especiales de años fiscales anteriores. Esta utilización indebida de los fondos dio lugar a no presentar de forma correcta los presupuestos del 2017 al 2020, e incurrir en déficits operacionales. Una situación similar se había comentado en los estados financieros auditados (Single Audits Reports) de 2017 al 2019.

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio no había preparado 31 conciliaciones bancarias del 2018 al 2019. Además, una oficinista sin autorización, efectuó en el 2017, las recaudaciones para la piscina y el estacionamiento en el Balneario y Área Vacacional de Punta Guilarte. Estas situaciones propician que se cometan errores e irregularidades.

El Municipio compró fuera de Puerto Rico, un camión canasto usado del 2007 por $55,600, sin obtener al menos tres cotizaciones de proveedores locales y sin el certificado de garantía y reparaciones realizadas. Estas situaciones contrarias al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, se atribuyen a que el alcalde y la directora de Finanzas no protegieron los mejores intereses del Municipio.

Los auditores de la Contraloría hallaron 14 vehículos de motor inservibles abandonados y cubiertos de maleza sin completar su proceso de disposición, según la reglamentación establecida (ver fotos en el Anejo 1 del Informe). Además, en los archivos de documentos públicos ubicados en la alcaldía y en la antigua Escuela José de Choudens, se observaron cajas con hongos, comején o rotas, y las instalaciones sin iluminación, detectores de humo ni sistema de alarma (ver fotos en el Anejo 2 del Informe).

El Informe indica que el Municipio no ha actualizado el Reglamento de la Junta de Subastas ni el Reglamento del Balneario y Área Vacacional Punta Guilarte, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 81-1991, de Municipios Autónomos y con el Reglamento para la Administración Municipal de 2016. Al respecto recomienda preparar proyectos de ordenanza y presentarlos a la Legislatura para actualizarlos.

La auditoría comenta que Arroyo ha acumulado déficits de $2,331,904, $3,859,558, $2,761,537 y $2,076,107 del 2016 al 2019 respectivamente. Estas cifras representan déficits del 22% hasta el 31%, del total del presupuesto. En las operaciones con déficit, el Municipio debe incluir en el presupuesto del año siguiente los recursos suficientes para responder al crédito del año anterior.

El Municipio tiene 66 de 80 empleados clasificados como transitorios, aún cuando ha transcurrido hasta 14 años desde sus nombramientos. Esta situación contraria a la ley y reglamentación vigente, se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-20.

Al 30 de junio de 2019, el Municipio no había recobrado $31,819 por distintos conceptos según recomendado en los informes de auditoría M-14-48 de 2014 y M-16-45 de 2016.

Este primer informe de Arroyo, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-22-02.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Coamo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio, contrario a un acuerdo de usufructo con la Compañía de Parques Nacionales formalizado en el 2008, cedió las instalaciones del Velódromo de Coamo a una corporación sin fines de lucro que se dedica al deporte del fútbol. El acuerdo para mantener y administrar el Velódromo a 30 años, establece que el Municipio no puede traspasar, ceder o subarrendar dichas instalaciones.

En agosto de 2018, el Municipio cedió el uso del Velódromo a la Corporación; 10 meses después, la Legislatura autorizó arrendar la instalación por $1 y en el 2019 el Municipio formalizó el contrato de arrendamiento hasta el 30 de junio de 2020.

La auditoría de un hallazgo señala que la Corporación, con el consentimiento del Municipio y contrario al acuerdo de usufructo con Parques Nacionales, subarrendó cuatro áreas del Velódromo a tres entidades y a dos ciudadanos para operar la cantina, el gimnasio, dar clases de karate y celebrar actividades, entre otras.

Además, contrario a las cláusulas contractuales, la Corporación entregó una póliza de responsabilidad pública menor a la cubierta requerida, realizó cambios al Velódromo sin autorización previa, y vendía bebidas alcohólicas en el Club House. 

El 20 de octubre de 2020, la Contraloría hizo un referido al secretario de Hacienda, debido a que la Corporación realizaba actividades comerciales en las instalaciones del Velódromo sin cumplir con las leyes contributivas. A la fecha del Informe, la situación está pendiente de ser investigada.

Este segundo y último informe de Coamo, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-22-01.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR). Las pruebas efectuadas y la evidencia en poder de la Contraloría, revelaron que las operaciones relacionadas con las compras, cuentas por pagar y los desembolsos, se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe publica un Comentario Especial sobre tres demandas civiles pendientes de resolución por $353,343 en los tribunales, y dos casos ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo. La Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (Ley Promesa), aprobada el 30 de junio de 2016, detuvo los casos en los tribunales.

La OEGPR se creó mediante la Ley 12-1985, Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y se rige en la actualidad por la Ley 1-2012, Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, denominada a partir del 2018 como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. La OEGPR tiene como objetivo principal educar al servidor público para que, en el desempeño de sus funciones, exhiba los valores de bondad, confiabilidad, justicia, responsabilidad, respeto y civismo que rigen la administración pública. Además, fiscaliza la conducta de los servidores públicos y penaliza a quienes transgreden la normativa ética mediante los recursos que la Ley provee.

Durante los años fiscales del 2018 al 2020, la OEGPR administró un presupuesto de $30,803,730, y realizó desembolsos por $29,852,172 para un saldo de $951,558.

Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría DA-22-01.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones de los Sistemas de Información Computadorizados de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, al 8 de septiembre de 2020, la Comisión no tenía un análisis de riesgos de los sistemas de información computadorizados, sino unas guías para realizar el análisis. Una situación similar, se había comentado en el Informe de Auditoría TI-12-09 del 2012.

Un análisis de riesgo es un proceso que identifica los activos de los sistemas de información, sus vulnerabilidades y amenazas. Además, establece los controles para proteger los activos y evitar los riesgos.

La auditoría de dos hallazgos señala que la Comisión no cuenta con un centro alterno, fuera de su ubicación en el Centro Gubernamental de Minillas, para recuperar las operaciones computadorizadas en caso de desastre. Por ejemplo, para la emergencia del huracán María, la Comisión continuó sus operaciones en las instalaciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que está ubicado en el mismo edificio y está expuesto a los mismos riesgos.

La directora ejecutiva le indicó a los auditores de la Contraloría que tenían planes de tener un centro alterno en el Parque Educativo para la Seguridad en el Tránsito (PESET) localizado en Arecibo. Sin embargo, al 19 de octubre de 2020, en el PESET había una computadora que estaba obsoleta, y no tenían servidores para restablecer las aplicaciones que opera la Comisión como, la Micro Information Products Fund Accounting (MIP) que procesa la nómina, ni el sistema Kronos para el registro de las asistencia y licencias de los empleados. El informe cubre el periodo del 27 de enero al 30 de septiembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría TI-22-01.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones de los Sistemas de Información Computadorizados de la Comisión de Derechos Civiles (Comisión). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Plan de Respuesta ante una Emergencia de la Comisión (Plan), carece de información actualizada para mantener la continuidad de los servicios. Al Plan le falta una lista de los equipos, de los sistemas operativos, y aplicaciones, así como de un itinerario de restauración y el contacto del proveedor primario de Internet. Esta situación podría propiciar que se improvise, y se tomen medidas sin orden alguno, en caso de emergencia.

La auditoría de dos hallazgos señala que en el servidor principal se había desactivado el requisito de que la contraseña tuviera un mínimo de ocho caracteres. Además, la programación de establecer los parámetros de tiempo para el cambio de contraseñas, con periodos mínimos y máximos, estaba a 0 días (minimun/maximun password age: 0). La reglamentación vigente dispone que, las contraseñas de las cuentas administrativas se deben cambiar al menos cada cuatro meses y las de los usuarios cada seis meses. Esta situación puede propiciar que se cometan irregularidades o alteraciones de datos en el sistema, sin que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.

El Informe evidencia la ausencia de políticas de auditoría que permitieran producir registros de activación y desactivación de cuentas, de acciones realizadas a un programa, o de cambios a las opciones de seguridad. Además, el 21% de las cuentas de usuarios activos en el servidor principal, nunca habían sido utilizadas.

Este Informe, cubre el periodo del 9 de diciembre de 2019 al 31 de agosto de 2020.

Vea el Informe de Auditoría T-21-17.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos del Departamento de Salud. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela errores con la política de contraseñas en los perfiles de las cuentas de acceso activas. Por ejemplo, el sistema operativo no permitía, según dispone la reglamentación, cambiar la contraseña al menos cada seis meses y no requería que la contraseña fuese de ocho caracteres.

Además, el Departamento no había definido una política de auditoría para que el sistema produjera registros de, por ejemplo, la creación de una cuenta, el reinicio y apagado del sistema, o la desactivación de una cuenta o grupo de usuarios. Esta situación le impide al Departamento mantener un registro de los eventos inusuales o los problemas ocurridos en la red para tomar a tiempo las medidas correctivas.

La auditoría de dos hallazgos señala también deficiencias con el proceso de desactivar las cuentas de acceso de los exempleados. Del examen realizado, se identificaron 87 cuentas de acceso de exempleados que, transcurridos hasta tres años de su separación en el empleo, seguían activas, y el 44% de ellas habían sido utilizadas.

El Departamento tampoco había desactivado 786 cuentas de acceso, algunas de las cuales habían transcurrido hasta 14 años sin haberse registrado la entrada del usuario. Además, la entidad mantenía 755 cuentas de acceso que nunca habían sido utilizadas. Estas situaciones impiden mantener bajo control la administración de las cuentas de acceso y propician que personas no autorizadas logren acceso a información confidencial.
Este segundo Informe, cubre el periodo del 1 de octubre de 2019 al 16 de septiembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría T-21-16.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) relacionado con las compras, las cuentas por pagar, los desembolsos, y con los monitoreos requeridos en los contratos de transferencia de fondos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Consejo Asesor de la ODSEC, no cuenta con un reglamento que incluya, entre otras, el procedimiento y los criterios para la selección de los cuatro representantes de las comunidades especiales. Esta situación, contraria a la Ley 10-2017, Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico según enmendada, le impide a la ODSEC tener normas uniformes en la selección de los cuatro representantes y contar con sus recomendaciones como parte del Consejo Asesor.

La ODSEC, antes conocida como la Oficina de Comunidades Especiales, es la entidad responsable de implementar y ejecutar la política pública relacionada con el desarrollo del tercer sector. Su presupuesto proviene de fondos federales, estatales y de resoluciones conjuntas. Del 2016 al 2020, ha recibido $210,329,619 y ha desembolsado $100,294,410 para un saldo de $110,035,209. Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2019.

Vea el Informe de Auditoría DA-21-15.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable de las operaciones fiscales del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia en poder de la Contraloría, revelaron que las compras y desembolsos realizados para la adquisición de bienes se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Recinto de Ciencias Médicas obtuvo su autonomía académica y administrativa, dentro de las normas que dispone la Ley Núm. 1, Ley de la Universidad de Puerto Rico, de 1966 y en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico de 1981. El Recinto tiene la misión de preparar profesionales de la salud con ofrecimientos académicos para mejorar la salud de los ciudadanos y fortalecer los servicios de cuidado al paciente. Del 2016 al 2019, el Recinto tuvo ingresos por $1,556,085,067 y realizó desembolsos por $1,567,428,602, para un déficit de $11,343,535.

Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de noviembre de 2020..

Vea el Informe de Auditoría CP-21-10.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Oficina de Informática del Departamento de Justicia (Departamento). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Plan de Respuesta de Emergencias y Recuperación, carece de información necesaria para atender situaciones de emergencias. Este Plan, aprobado el 20 de marzo de 2019, no incluye los nombres y números de teléfono de los proveedores primarios, el procedimiento para efectuar pruebas en el centro alterno, ni información de los sistemas operativos y los archivos críticos de la Oficina de Informática.

Esta situación, contraria a las Guías de la National Institute of Standard and Technology (FISCAM), podría propiciar que, en casos de emergencia, se tomen medidas inapropiadas y sin orden alguno.

La auditoría de dos hallazgos señala que, transcurridos hasta nueve años, el Departamento no había desactivado el 42% de las cuentas de acceso de exempleados, excontratistas, ni de empleados que habían cesado su destaque. Los auditores de la Contraloría identificaron que el 49% de estas cuentas se siguieron utilizando hasta seis años después de la separación del usuario del Departamento.

Estas situaciones pueden propiciar que personas no autorizadas logren acceso a información confidencial y a que se altere por error o de forma intencionada, los datos contenidos en los sistemas del Departamento. El Informe recomienda desactivar de inmediato dichas cuentas y que se establezca un procedimiento que notifique a la Oficina de Informática el cese de un usuario en sus funciones.  El Informe cubre el periodo del 10 de octubre de 2019 al 25 de septiembre de 2020..

Vea el Informe de Auditoría TI-21-14.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico (Corporación). La auditoría tenía como objetivos específicos verificar las reclamaciones de daños causados por los huracanes Irma y María, así como evaluar las pólizas de las reclamaciones, para determinar si se formalizaron de acuerdo con el Reglamento General de Seguros Agrícolas de 2004. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Junta de Directores de la Corporación se reunió una sola vez en un periodo de tres años. Entre el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2019, la Junta celebró una sola reunión a pesar de que desde el 2015, la Junta estaba constituida con todos sus miembros. Esta situación no le permitió a la Junta pasar juicio sobre el funcionamiento de las operaciones fiscales y administrativas de la Corporación.

La auditoría de un hallazgo señala que el presidente de la Junta de Directores sólo pudo proveer una carta de nombramiento, a la solicitud de información sobre la incumbencia de tres miembros de la Junta. Esta situación impidió a los auditores de la Contraloría examinar los documentos relacionados con los nombramientos a la Junta. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría CP-09-01 de 2008.

Este Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 10 de noviembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría CP-21-09.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Lajas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio permitía, contrario a la ley y la reglamentación vigente, que los empleados acumularan tiempo compensatorio en exceso de las 240 horas establecidas para los empleados públicos y 480 horas para los empleados de seguridad o de emergencias.

En el 2018 el Municipio pagó $16,798 a cuatro empleados en lugar de permitirles que tomaran el tiempo compensatorio antes de la efectividad de sus renuncias. Además, los auditores de la Contraloría identificaron empleados con tiempo acumulado de hasta 815 horas, balances incorrectos y registros de tiempo compensatorio sin las autorizaciones. Situaciones similares se habían comentado en los informes de auditoría M-14-40 del 2014, M-10-55 del 2010.

La auditoría de cuatro hallazgos señala la ausencia de procedimientos y controles internos que regularan las recaudaciones del programa de talleres y adiestramientos del Departamento de Arte, Cultura y Turismo del Municipio. En el programa se realizaron recaudaciones por $29,379 sin expedir recibos de recaudación electrónicos o manuales que estuvieran registrados en el módulo de recaudaciones Ingresys del sistema contable. Además, tampoco se realizaban depósitos ni se emitían informes diarios de lo recaudado. El 10 de noviembre de 2020, el Municipio de Lajas aprobó el Reglamento sobre Normas y procedimientos para los talleres; sin embargo, dicho reglamento no establece disposiciones que atiendan y corrijan las situaciones señaladas.

La administración del Cementerio Municipal de Lajas, no recibió el pago de arbitrios de un contratista independiente contratado para construir fosas, no cobró el 10% de la contribución especial por parte de dos propietarios que vendieron sus fosas, y no formalizaban contratos escritos con las personas que compraban lotes. Estas situaciones no permiten mantener un control adecuado de las operaciones y pueden propiciar que se cometan irregularidades.

El Informe indica que el Municipio notificó a la Oficina del Contralor, siete incidencias de pérdida de propiedad por $118,747 hasta 265 días posterior a la fecha reglamentaria. Esta situación no permitió que la Oficina tuviera disponible la información en el tiempo requerido.

La auditoría comenta que Lajas tenía en el 2017, un 28% ($3,100,315) de déficit del total de su presupuesto; en el 2018, un 32% ($2,959,655) y en el 2019, un 20% ($1,870,684). En la preparación y ejecución de un presupuesto, no se puede gastar u obligar en un año fiscal cantidad alguna que exceda las asignaciones y los fondos obligados por ordenanza o resolución.

El Municipio tenía un 80% de los 127 empleados nombrados como transitorios hasta 20 años, en exceso del término de ley. En ocasiones los municipios se ven obligados a nombrar empleados transitorios, pero estos no deben exceder los 12 meses.

Este primer informe de Lajas, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-21-46.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Villalba. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio pagó $146,235 en multas, intereses y penalidades, por remesar tarde las retenciones y aportaciones al Servicio de Rentas Internas (IRS). Esta situación podría impedir que los empleados pudieran solicitar los beneficios a los que tienen derecho y agrava la situación fiscal del Municipio.

Al 31 de diciembre de 2018, el Municipio adeudaba $1,324,728 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a la Autoridad de Energía Eléctrica, y cuotas a sindicatos y asociaciones. Además, tenía un plan de pago con la AAA, de una deuda de $1,018,015 mediante la retención de la remesa del CRIM. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-27 del 2016.

La auditoría de cinco hallazgos señala que en Villalba pagaron $40,904 por el cargo básico de servicio de internet y llamadas telefónicas, de equipos asignados verbalmente por el alcalde a funcionarios no incluidos en la Ordenanza 37 de 2007. Además, pagaron $26,262 en exceso de lo contratado, por el uso de internet y llamadas de larga distancia.

Contrario a la ley vigente, el Municipio invirtió $287,510 para la construcción de la primera fase de un cementerio municipal que está abandonado; la oficina del cementerio había sido vandalizada y el lugar estaba cubierto de maleza. (ver fotos en el Anejo 1 del Informe). Esta situación se atribuye a que el Municipio no identificó fondos suficientes para realizar la segunda fase del proyecto ni para mantener en condiciones adecuadas los trabajos realizados.

El Informe devela que del 2015 al 2017 no se realizaron los inventarios físicos anuales de la propiedad municipal. Además, el Municipio no mantenían un inventario perpetuo de los aceites, suministros médicos, materiales de limpieza y deportivos, y los dos empleados encargados de los cuatro almacenes, no tenían nombramiento de designación por escrito.

Los auditores de la Contraloría, identificaron que el Municipio no había establecido un reglamento para la administración y uso de tres tarjetas de crédito asignadas por la Administración de Servicios Generales para comprar el combustible de los vehículos municipales y del equipo pesado. Además, el Reglamento de Gastos de Viajes del Gobierno Municipal de Villalba de 1994, no se había actualizado al Reglamento para la Administración Municipal de 2016. Estas situaciones impiden mantener controles adecuados y propicia que se cometan errores en el uso de las tarjetas de créditos y compra de combustible.

El Informe comenta que, al 31 de diciembre de 2018, el Municipio tenía cinco demandas en los tribunales pendientes de resolución por $777,836. Además, al 26 de abril de 2019, había pagado tres sentencias por $119,627 y debía cuatro sentencias por $469,556, a raíz de siete demandas por incumplimiento de pago a contratistas y reclamo de las remesas de la Asociación de Empleados del ELA.

Este primer informe de Villalba, cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría M-21-45.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guánica. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio acumuló déficits en el Fondo Operacional de hasta un 61% del total de su presupuesto para el 2018. Además, no consignó los créditos necesarios para liquidar los déficits de los años fiscales de 2016 y 2017, sino que dejó un balance del 93% aproximado sin cubrir. El operar con déficit reduce los recursos disponibles y se afectan los servicios a la ciudadanía. El no consignar el déficit en el próximo presupuesto, ocasiona que se acumule y se agrave la situación económica del Municipio. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-01 del 2 de agosto de 2016.

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio sobrestimó hasta un 33% los ingresos de varias partidas presupuestarias del 2016 al 2018. El entonces alcalde, la Legislatura Municipal y los directores de Finanzas en funciones, no consideraron los ingresos certificados en el Single Audit más reciente, según requiere la Ley, en perjuicio del Municipio.

Al 30 de junio de 2020, Guánica adeudaba $1,197,339 a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y la Judicatura, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Administración de Servicios Generales. Además, mantiene deudas con planes de pago activos por $1,318,690 con tres entidades gubernamentales. Al respecto el Municipio incurrió en el pago de intereses, recargos y penalidades por $64,624. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-21 del 2017.

Los auditores de la Contraloría hallaron que el Municipio pagó $45,078 a dos funcionarios por sueldos que sobrepasaron la escala salarial establecida en el Plan de Clasificación de Puestos y de Retribución para el Servicio de Confianza del Gobierno Municipal de 2002. Además, en los expedientes de personal municipal no se encontraron para examen siete informes de cambio. Estas situaciones no permiten una administración adecuada del personal y la ausencia de documentos legales, como los informes de cambio, puede resultar perjudicial al Municipio.

El Municipio no cumplió con la Ley 103-2006, Ley de Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni con el Reglamento 53, Registro de Puestos e Información Relacionada, ya que no envió 19 Informes Mensuales de Nóminas y Puestos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico del 2017 al 2018.  Esta situación, entre otras, priva a los ciudadanos y a las entidades gubernamentales de la información actualizada sobre los gastos de nómina y puestos ocupados y vacantes en el Municipio.

El Informe publica que del 2016 al 2018, no se realizó el inventario físico anual de la propiedad en todas las áreas y oficinas del Municipio.  Las transferencias de propiedad municipal, tampoco se notificaban a la encargada por lo cual no se preparaban los documentos de Transferencia de Propiedad y Recibo de Propiedad. Además, contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, el Municipio tramitó los pagos finales de funcionarios y empleados, sin certificar de que no adeudaban propiedad alguna al Municipio.

La auditoría comenta, que, al 31 de diciembre de 2018, Guánica no había recobrado $273,423 correspondientes a los informes de auditoría M-10-44 de 2010, M-10-51 de 2010, M-14-14 de 2013, M-17-01 de 2016, M-17-21 de 2017, M-17-36 de 2017, y M-18-42 de 2018.

Este primer informe de Guánica, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de agosto de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-21-44.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Santa Isabel. Las pruebas efectuadas y la evidencia demuestran, que las operaciones sobre la concesión de un diferencial de sueldo, el nombramiento de dos directivos, y el rembolso de gastos de viaje, entre otros, no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe revela que el exalcalde designó de forma interina y le otorgó un diferencial como directora de Finanzas, a una empleada de la Oficina de Finanzas que tenía un Bachillerato en Artes con concentración en Historia. Se recomienda al Secretario de Justicia considerar esta situación para que tome las medidas pertinentes.

Además, el exalcalde designó como ayudante especial encargada de la Oficina de Recursos Humanos, a una oficinista transitoria con preparación en enfermería y sin bachillerato en la especialidad requerida para ocupar el puesto. Estas situaciones contrarias a la ley y al Plan de Clasificación y Retribución de Empleados del Servicio de Confianza de 2010, podrían causar que las decisiones y acciones de estas empleadas, sean objetadas en perjuicio del Municipio.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que se pagó de forma ilegal $5,050 a una compañía de ingeniería y diseño, por una enmienda al contrato original que nunca se realizó ni formalizó. El pago se realizó mediante una orden de compra y un comprobante de desembolso. La entonces directora de Finanzas, tras un señalamiento de los auditores de la Oficina del Contralor, solicitó a la compañía de ingeniería, cuyo dueño era su hermano, la devolución de dicho pago. De hecho, el contrato aludido fue firmado por el padre de la directora de Finanzas en calidad de Director de Operaciones. Esta persona que también es ingeniero, mantiene contratos con el Municipio a través de otras compañías de su propiedad. Esta situación se refirió a la Oficina de Ética Gubernamental el 12 de diciembre de 2018.

El Municipio no proveyó para examen de los auditores de la Oficina del Contralor, los cinco comprobantes de desembolso por $25,250 emitidos a favor de dicha compañía. Esta situación, contraria a la legalidad vigente, impidió verificar en todos sus detalles, los servicios prestados por el contratista, así como la corrección de los desembolsos efectuados.

El Informe devela que, al 31 de marzo de 2019, el Municipio debía un total de $2,551,087 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y al Departamento de Hacienda. Esta deuda, que incluye cargos por intereses y penalidades, agravó la situación fiscal del Municipio y afectó los recursos que deben recibir las entidades gubernamentales referidas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-20 de 2016.

Uno de los hallazgos indica, que el Municipio pagó rembolsos de $6,620, a encargado de proyectos de construcción, cuyos contratos no incluían una cláusula sobre la compra de materiales con su dinero personal y el rembolso de dichos gastos. Esta situación revela que la directora de Finanzas no supervisó adecuadamente dichas operaciones.

El Informe comenta los múltiples obstáculos para obtener la evidencia necesaria para realizar la auditoría. En el 2016 el alcalde impartió instrucciones de no entregar información ni documentos ni que se realizaran entrevistas a los funcionarios, sino sólo a través de la oficial de enlace. Luego notificó a los auditores de la Contraloría la suspensión indefinida de la auditoría hasta conversar con la Contralora sobre el Informe de Auditoría M-17-11 de 2016. La secretaria del presidente de la Legislatura Municipal notificó a los auditores de la Oficina del Contralor, que recibió instrucciones de no entregar documentos ni información. La Contralora le cursó carta al alcalde el 23 de noviembre de 2016, advirtiéndole sobre las repercusiones de continuar obstaculizando los procesos de auditoría.

Las gestiones para visitar el taller de Obras Públicas y el Hotel Hacienda de Santa Isabel en cinco ocasiones, fueron ignoradas. Se realizaron 68 solicitudes de información, 14 cartas de seguimiento y tres citaciones formales del 2016 al 2019 y los funcionarios contestaban con atrasos de hasta 3 meses.

Los auditores nunca pudieron evaluar la confiabilidad de los datos procesados por los sistemas de información relacionados con los comprobantes de desembolso y transacciones de nómina, ya que la entidad se negó a facilitar la información solicitada.

Estas situaciones contrarias a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Ley 9 del 24 de julio de 1952, está tipificada como delito grave en la Ley 37-2004, “Para tipificar como delito grave el que cualquier persona obstruya, demore o impida una investigación o auditoría de la Oficina del Contralor”. Además, el Informe recomienda al secretario de Justicia que tome las medidas que estime pertinentes al respecto.

El Informe también comenta, que el Municipio registró déficits acumulados en el Fondo Operacional de $5,479,220 y $6,824,806 para los años fiscales de 2017 y 2018. Además, al 31 de mayo de 2018, no habían recobrado $349,437 correspondientes a las recomendaciones de seis informes de auditoría; el M-09-09, M-09-64, M-09-67, M-13-16, M-16-20 y el M-17-11.

La auditoría le refirió al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en el 2019, un posible conflicto de interés de un asesor contratista del Municipio cuyo hijo también contratista, ejercía funciones de representante, director de operaciones, gerente, diseñador e inspector de los proyectos de la compañía de su padre.

Al 5 de febrero de 2019, el Municipio mantenía clasificados como empleados transitorios, a 53 de los 61 empleados del Municipio hasta por 13 años en exceso del año reglamentario. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-20 de 2016.

Este segundo y último informe, cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 31 de mayo de 2018.

Vea el Informe de Auditoría M-21-43.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones de la Oficina de Sistemas de Información (OSI) del Departamento de la Familia (Departamento). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

La auditoría revela que el inventario de servidores y aplicaciones del Informe de Avalúo de Riesgos, no estaba actualizado ya que no incluía 123 servidores y ocho aplicaciones en uso en el Departamento.  Esta situación, contraria a las políticas establecidas, impide al Departamento estimar el impacto que los elementos de riesgos tendrían sobre los equipos y sistemas críticos. Además, una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría TI-13-18 del 2013.

El Informe de tres hallazgos señala que el Departamento no contaba con un plan de continuidad de negocios con los elementos requeridos en el Manual Operacional sobre Resguardo. Este documento no incluía las responsabilidades del personal de la OSI para cumplir el plan en caso de emergencia, los procedimientos para el uso de los respaldos de equipo o el procedimiento de desalojo.

Además, el Manual carecía de información actualizada sobre la herramienta utilizada para realizar los respaldos, el periodo de retención de los respaldos y el proceso de verificación de integridad de la información respaldada, entre otros. Los auditores de la Contraloría hallaron también que, al 31 de agosto de 2020, no se habían realizado pruebas de restauración de respaldos. Estas situaciones pueden propiciar la improvisación y que en caso de emergencia se tomen medidas sin orden alguno.

Contrario al Manual de Normas del Departamento, el registro de equipo computadorizado de la OSI no tenía la información completa y actualizada del equipo asignado a los usuarios en el Secretariado y las administraciones. En una evaluación, el director de la OSI no pudo identificar el usuario ni la administración a la que pertenecían las 240 computadoras conectadas a la red.

El Departamento de la Familia está integrado por un Secretariado y cuatro componentes programáticos y operacionales que son: la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN). El Informe cubre el periodo del 30 de octubre de 2019 al 25 de septiembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría TI-21-13.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Manatí. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no obtuvo el permiso de construcción para las mejoras realizadas en los centros Head Start La Fuente en Florida y Enrique Zorrilla en Manatí. El Municipio de Manatí recibe y administra los fondos, como agencia delegada del Programa Head Start y Early Head Start en Florida, Ciales y Manatí. Las mejoras de estos centros junto al centro La Cumbre en Ciales, sumaron $336,636.

El secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) confirmó que ciertos trabajos realizados en los centros, requerían un permiso de construcción. Esta situación contraria a la ley y la reglamentación vigente, no permitió a la OGPe ejercer su función fiscalizadora y pudo tener consecuencias adversas para el Municipio y los usuarios del proyecto.

La auditoría de dos hallazgos señala que un empleado del Municipio que no era ingeniero licenciado, realizó múltiples tareas que se debieron encomendar a un ingeniero licenciado, tales como: evaluación de estructuras, aprobación de órdenes de compra e inspecciones finales. El funcionario, con bachillerato en ingeniería civil, no estaba registrado en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, ni tenía licencia de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores. Estas situaciones se refirieron a dichas instituciones para que tomen las medidas que estimen pertinentes.

El Informe comenta irregularidades cometidas por el presidente de la corporación contratada para realizar trabajos de remodelación en el centro Head Start de Ciales. Esta persona, que se identificó como ingeniero licenciado en varias cotizaciones, declaraciones juradas y en un contrato, tenía su colegiación como ingeniero en entrenamiento (EIT), suspendida desde el 2001 y no había renovado su licencia de EIT en la Junta Examinadora, vigente hasta el 1 de noviembre de 2004.

Además, los auditores de la Contraloría identificaron que la mencionada corporación, que también tenía un contrato con el Municipio de Barceloneta, informó en sus nóminas de empleados, que dos carpinteros y dos trabajadores, habían trabajado de forma simultánea en dos proyectos o sea 16 horas diarias. Esto representó 536 horas por empleado para un total de 2,680 horas por $26,864. La corporación tampoco informó los salarios de estos empleados al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en el 2018.

Esta situación se refirió a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos el 12 de marzo de 2020. El Informe también recomienda al secretario de Justicia y al secretario del Trabajo y Recursos Humanos, considerar esta situación para que determinen las acciones a seguir.

El Municipio invirtió $366,591 en proyectos que no han tenido utilidad por estar detenidos por la situación fiscal del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. El vicealcalde de Manatí indicó que los proyectos del skate park en el Complejo Deportivo Acrópolis y la remodelación del Centro de Servicios Múltiples de la Laguna, seguían detenidos en la actualidad y no había planes para culminarlos.

Al 25 de marzo de 2021, el Municipio tenía ocho demandas civiles por $25,962,740 pendientes de resolución por los tribunales. Además, no habían recobrado $125,086 por distintos conceptos, según recomendado en los Informes M-12-29 del 2011, M-15-10 del 2014 y M-18-15 del 2018, de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este segundo y último informe de Manatí, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 30 de septiembre de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-21-42.

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La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable de las operaciones de la Oficina de Tecnología e Informática (OTI) del Senado. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron, que las operaciones de la OTI se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con las normas y la reglamentación aplicables, y que los controles eran efectivos.

En la auditoría se examinaron, los controles internos y su efectividad, para el control de acceso a los sistemas de información, de acuerdo con el Reglamento Num. 13, Reglamento de la Oficina de Tecnología e Informática del Senado de 2010, y con las Normas y Procedimientos para el Control de Accesos Físicos y Lógicos de los Sistemas de Información de 2020. El presupuesto del Senado del 2019 al 2021, fue $32,240,000, $27,347,500 y $24,901,000 respectivamente.

Este informe cubre el periodo del 28 de febrero al 30 de octubre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría TI-21-12.

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